Catalunya secuestra a los catalanes

14 / nov / 2011 - Raúl Masa.

El título original de este texto iba ser: 'Catalunya, Mas (que) un problema'. Intentando hacer así una especie de juego de palabras en el que tenía pensado reflexionar sobre la realidad catalana en el contexto actual de la crisis económica y la responsabilidad que está teniendo Artur Mas en ciertos asuntillos de calado social.

Todo ello a raíz de la denuncia que tiene prevista presentar la Generalitat frente al Gobierno español por un impago de casi 800 millones de euros en concepto de inversiones previstas en el Estatut, o una milonga similar.

El caso, es que leyendo la información, y lo que declaran unos y otros, la sensación que queda es la siguiente: que el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado oficialmente que los ciudadanos catalanes están secuestrados de derechos sociales adquiridos hasta que el gobierno de la nación española no pague el rescate.

Sí, no se trata de una majadería. Las palabras amenazantes del señor Homs han sido las siguientes, "la situación de las arcas de la Generalitat es delicada y este impago supone añadir una tensión adicional a la tesorería de la administración catalana en el corto plazo, por lo que la situación obliga al Govern a defenderse". Ni nada más, ni nada menos. Lo que sucede es que la defensa tiene presa a muchos trabajadores catalanes que realmente no saben de quién es la responsabilidad.

Pero aquí no se detiene la cuestión. Puesto que además, el portavoz ha criticado duramente la actitud del gobierno español y ha afirmado que "no es verdad que no tengan dinero para pagarnos". En esta acción, dice, ve mala fe en el Ejecutivo y entiende que el impago de "una invectiva contra el autogobierno de Catalunya" porque "saben el daño que hacen". Homs cree que el comportamiento del Gobierno "tiene aires de vendetta".

Todo esto, y se queda tan tranquilo. Está claro, en el país en el que ha ganado las elecciones generaes una persona que durante ocho años no ha hablado, es el fiel reflejo de como tirar balones fuera y no querer responsabilidades.

La Generalitat catalana ha decidido secuestrar a su población. Exigen un rescate, y harán responsable de todo lo que suceda al "pueblo español" y su Gobierno. Mientras, ellos harán todos los recortes necesarios, estén previstos o no, y el responsable último será el Ejecutivo español. Ver para creer.

De Tucson a la Huerta: el camino de la violencia

Raúl Masa.

Ni Pedro Alberto Cruz es Gabrielle Giffords, ni Murcia el mítico estado de Arizona, pero lo que sucedió el pasado fin de semana en Tucson con su ya célebre tiroteo, y lo que ha pasado en Murcia, con la agresión que ha sufrido el consejero de Cultura de Murcia, tienen demasiadas cosas en común.

Crispación política, cuestionabilidad de la democracia, auge de los medios de comunicación con posicionamiento radical... y vuelta a empezar con la crispación por parte de los propios políticos.

Desde SHDC, y también en nombre propio, condenamos la brutal agresión.

No hay "peros", no hay ni una sola justificación, ni el menor de los argumentos posibles. No valen malas gestiones, ni críticas razonadas sobre la gestión del consejero en Murcia. Nada, absolutamente nada vale.

Libertad de expresión sí, al límite, aunque caigamos en la peligrosa zona de la falta de respeto, pero la violencia... NO. Durante los dos años que viví en Murcia, y concretamente en mi paso por la sección de cultura del diario La Verdad, puede presenciar de primera mano la gestión es este consejero. Reitero, puede ser acertada o no, te puede gustar o no, se puede achacar su vínculo familiar con el presidente de la Región de Murcia, también se puede estar en desacuerdo con las últimas actuaciones del Gobierno en cuanto al recorte salarial para los funcionarios... pero nunca se puede actuar en democracia con violencia. Si se hace así, entramos en el caos y la anarquía, y una situación como la actual no precisa de eso.

Pero tampoco se precisa de declaraciones como las realizadas por María Dolores de Cospedal, quien en su particular cruzada por hacerse notar, ha basado la agresión en que el PP murciano obtenga más votos que el PSOE y por eso se generen estas circunstancias. Es una barbaridad, porque primero da a entender que los agresores son afines a algún partido de la oposición, y porque no hace sino avivar una llama que debe ser calmada cuanto antes.

Tucson y Murcia, dos ciudades separadas por miles de kilómetros pero que escenifican a la perfección esa "lucha" que se está gestando entre la derecha y la izquierda. No voy a ser alarmista, pero lo malo de abirir bedas es que luego éstas son difíciles de cerrar.

Basta ya. Los políticos deben ser gestores, no animadores ni arengadores que movilicen masas para posicionarse así mismos en el poder.

Ripoll y las sombras

José Ramón Martínez / Yecla.

La semana pasada el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y lo hizo sin orden judicial, por su cuenta y riesgo. Todavía hoy no se conocen desde el organismo policial los motivos que desencadenaron la detención, más allá de los delitos por los que se le investiga a Ripoll y que el juez instructor no entiende que motiven su detención.

Una tarde de despropósitos donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat emite dos comunicados e Interior emite otros tantos, en los que imputa una serie de delitos a los detenidos a espaldas del juez. No hay que ser en exceso inteligente para cerciorarse de que la actuación policial fue irregular, o bien procediendo a una detención innecesaria o bien explicándola a la sociedad.

Sabiendo que el Rubalcaba conocía desde el día anterior la situación de Ripoll, y quien sabe si la orden partió del Ejecutivo. Eso lo debe investigar un juez. Si el ministro dió la orden, las consecuencias son claras, expulsión del Gobierno y del partido inmediata para la cúpula del Ministerio y dimisión de Zapatero, sin más. Si un político ordena detener a otro sin las mínimas garantías constitucionales está realizando un acto fascista y totalitario. Y eso es inadmisible.

Supongamos -y esperemos- que lo anterior no es cierto, que la policía actuó de forma independiente y correcta, la pregunta es por qué no explica el ministro del Interior la actuación del cuerpo. No se entiende esa capacidad de la policía de imputar delitos, o la de actuar a espaldas del juez sin una justificación clara, o la de marcar la agenda judicial, o la de decretar a alguien libertad con cargos, o la de no poner a disposición judicial a los detenidos.

La sombra de arbitrariedad, negligencia policial o, incluso, detención ilegal están presentes y su ministro, muy proclive a colgarse medallas, está desaparecido. Cualquiera podría decir que algo tiene que ocultar, yo no seré tan valiente. Está claro que hay que depurar responsabilidades y abrir una investigación clara que determine por qué se produjeron los hechos, algo que podremos precisar más con el levantamiento del secreto del sumario de la causa.

Cuestión aparte es Ripoll. Que el proceso de su detención sea turbio no significa que esté libre de toda sospecha y que sea inocente. Nada más lejos. A día de hoy está imputado por varios delitos asociados al ejercicio de la actividad política, si es culpable o no lo decretará un juez, hasta entonces es presuntamente inocente, aunque cuando un juez ordena el registro de su casa y de la sede del Ejecutivo provincial es porque debe haber evidencias e indicios suficientes de que Ripoll ha cometido irregularidades.

De lo que no hay dudas es de que el presidente ha ensuciado el honor y el prestigio de la Diputación de Alicante, con el registro policial que se produjo en su sede. Ahí no hay presunción de inocencia, el único responsable de que la policía entrase es él y, por tanto, debe dimitir inmediatamente. Cada segundo que está al frente de la Diputación es un feroz insulto a los alicantinos.

Huelga ilegal en el Metro

José Ramón Martínez / Yecla.

El presidente del Gobierno anunció, hace poco más de un mes, recortes del gasto público, entre los cuales estaba una reducción del sueldo de los funcionarios. El pasado lunes, siguiendo esta senda, la Asamblea de Madrid aprobó una rebaja del 5% de media de las retribuciones a los miembros de la función pública y en concreto una rebaja de alrededor del 2% para los funcionarios del Metro de Madrid. Desde este mismo lunes estaba convocada una huelga en el suburbano como protesta de estas medidas de Esperanza Aguirre. El Ejecutivo regional decretó unos servicios mínimos del 50% que en el primer día de la huelga se respetaron.

Sin embargo, ayer y hoy estos servicios esenciales no se han cumplido, parece que jueves y viernes habrá servicios mínimos y que el paro continuará la próxima semana. La huelga ha paralizado Madrid, la capital de España. En este punto hay un conflicto de derechos muy claro. Yo me pregunto si es mayor el derecho a la huelga, que el de acudir mediante un servicio público al puesto de trabajo o el de ir al médico. Yo creo que no.

Una de las reformas que el Gobierno debe acometer es regular el derecho a la huelga. Una huelga no debe menoscabar el interés general ni interrumpir el libre funcionamiento de la sociedad. Hace tiempo que los sindicatos han dejado de defender el interés común del país para cobijar a unos pocos. Lo ocurrido estos días en Madrid es despreciable, privar a los madrileños y los españoles de este servicio público trascendental es ilegal, antidemocrático, inmoral e inhumano.

Estos hechos deben tener consecuencias claras. En primer lugar el despido inmediato de los que han decretado esta decisión sindical, además de sanciones graves. Y, por ejemplo, al lider sindical, que con un lenguaje guerracivilista incomprensible, habló de que “si tocan los cojones a los trabajadores del metro reventarían Madrid”, investigarlo por los posibles tipos penales que haya podido cometer.

Lo cierto es que una actuación sindical tan injusta, descomedida y arbitraria no puede quedar sin consecuencias políticas, laborales y penales. Méndez y Toxo deben condenar esta huelga ilegal, ordenar a sus delegados la desconvocatoria, pedir disculpas a los ciudadanos y, una vez cumplidas estas premisas, dimitir y disolver sus respectivas ejecutivas para que el sindicalismo español sea serio y defienda a los trabajadores y no los aniquile, como en este paro. Ayer, muchos trabajadores llegarían tarde a sus puestos de trabajo, o no llegarían.

Además, no deja de suponer una sorpresa que por perder 200 ó 300 euros anuales convoquen un paro en el que, de momento, van perder esa cifra al menos. Lo cierto es que el objetivo de la convocatoria no parece que sea el de defender a los trabajadores sino el de atacar al Ejecutivo regional. Y está desarrollado con una inteligencia tal, que van a conseguir que Aguirre roce el 60% en las próximas elecciones. Porque las cosas es difícil hacerlas peor.

Una ciudadanía responsable

Javier Ruiz / Murcia.

Este último 9 de diciembre quedará como un día histórico en la ciudad de Murcia. Mientras el consejero de cultura, Pedro Alberto Cruz, llamaba “esquizofrénicos” a los miembros de la plataforma en defensa de los restos de San Esteban, paraban la salida de un camión del yacimiento ante la sospecha de que se estuviesen moviendo los restos.

El movimiento social en la red y en la calle era ya imparable.

La acción de un grupo de ciudadanos, apoyados en los partidos de la oposición de Murcia, el poder judicial y los medios de comunicación propició el anuncio de Valcárcel: “La magnitud e importancia del yacimiento arqueológico de San Esteban hace imposible la construcción en ese lugar". El parking de San Esteban era historia. Pero antes tenían que pasar muchas cosas. Me fijaré en tres que me han llamado la atención.

1. Facebook poderoso

El grupo “proteger los restos de san Esteban” se generó un miércoles y pasó rápidamente de espacio para la protesta, a espacio de organización. Las invitaciones a formar parte corrían como la pólvora y 7 días después ya tenía 4000 agregados. Ha sido la base fundamental para conectar a ciudadanos que de otra forma hubieran estado dispersos. He seguido el muro principal y allí se han colgado noticias, protestas, peticiones de colaboración, horarios de las concentraciones, teléfonos a los que llamar y sobre todo se ha generado debate. Ayer 15.000 ciudadanos de todas las partes del mundo eran miembros del grupo y se enteraron de las últimas noticias en tiempo real a través de su foro donde además comentaban las noticias. Los ciudadanos no estamos acostumbrados a debatir porque los políticos ya lo hacen por nosotros. Y es importante que nos acostumbremos a desarrollar esta habilidad, este derecho, porque el poder de la gente –si está organizada- es imparable.

2. Punto de “Cruz”

La dirección general de bellas artes se ha comido el “marrón” de quedar como la mala de la película. Suyos fueron los informes que validaban el levantamiento de los restos para hacer el parking. Enrique Ujaldón (el director general) y Ángel Iniesta (técnico) nos dijeron a los medios de comunicación que levantar los restos era la decisión que tomaban y que su dictamen era vinculante. Es decir, que había que hacerlo así.

Solo días después, Valcárcel ha querido aparecer como el salvador. (Es su estilo) Sin embargo, hay que dejar las cosas claras: El gobierno regional tiene una estructura piramidal. La dirección general de bellas artes forma parte de la consejería de Pedro Alberto cruz, y el sobrino de Valcárcel es uno de los miembros del ejecutivo que “el primero de los murcianos” dirige. Por lo tanto, la decisión de la dirección general era una decisión del gobierno. No vale de nada que Valcárcel diga que tenía pensada la decisión hace 20 días. Que no mienta. El mismo día que la anunciaba, por la mañana, la dirección general de bellas artes –es decir, una “rama” del gobierno Valcárcel- había dado orden de empezar a desmontar el yacimiento.

3. Lucha de titanes

Los que recibimos el corte de voz de Ramón Luis Valcárcel desde la ciudad alemana de Bonn entendimos perfectamente algo que estaba clarísimo. El Presidente, que es un hombre inteligente y sabe jugar sus cartas, le daba una “torta política” al alcalde de Murcia con quien no se lleva demasiado bien.

Las diferencias entre los dos son importantes y aunque, en apariencia, guardan las distancias, hay quien asegura que la lucha de poder que protagonizan en el PP murciano en los últimos 10 años ha provocado que “prácticamente ni se hablan”, tal y como nos cuenta un viejo militante popular. Todo esto será negado por ambos públicamente pero ayer no hubo analista político en Murcia que no interpretara el anuncio de Valcárcel como una jugada maestra contra su enemigo político número 1 dentro del partido: el presidente se colocó del lado de la cordura, de la gente y de los expertos mas cualificados mientras que Cámara pareció por unos minutos descolocado y del lado de la empresa expoliadora y malvada. Lo dicho, una bofetada en toda regla.

En fin. Los murcianos debemos estar contentos y esto debe haber servido de aliciente. Ni las mayorías absolutas son tan absolutas. Ni el poder es tan poderoso. Ni los ciudadanos contamos tan poco.