José Ramón Martínez / Yecla.

La semana pasada el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y lo hizo sin orden judicial, por su cuenta y riesgo. Todavía hoy no se conocen desde el organismo policial los motivos que desencadenaron la detención, más allá de los delitos por los que se le investiga a Ripoll y que el juez instructor no entiende que motiven su detención.

Una tarde de despropósitos donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat emite dos comunicados e Interior emite otros tantos, en los que imputa una serie de delitos a los detenidos a espaldas del juez. No hay que ser en exceso inteligente para cerciorarse de que la actuación policial fue irregular, o bien procediendo a una detención innecesaria o bien explicándola a la sociedad.

Sabiendo que el Rubalcaba conocía desde el día anterior la situación de Ripoll, y quien sabe si la orden partió del Ejecutivo. Eso lo debe investigar un juez. Si el ministro dió la orden, las consecuencias son claras, expulsión del Gobierno y del partido inmediata para la cúpula del Ministerio y dimisión de Zapatero, sin más. Si un político ordena detener a otro sin las mínimas garantías constitucionales está realizando un acto fascista y totalitario. Y eso es inadmisible.

Supongamos -y esperemos- que lo anterior no es cierto, que la policía actuó de forma independiente y correcta, la pregunta es por qué no explica el ministro del Interior la actuación del cuerpo. No se entiende esa capacidad de la policía de imputar delitos, o la de actuar a espaldas del juez sin una justificación clara, o la de marcar la agenda judicial, o la de decretar a alguien libertad con cargos, o la de no poner a disposición judicial a los detenidos.

La sombra de arbitrariedad, negligencia policial o, incluso, detención ilegal están presentes y su ministro, muy proclive a colgarse medallas, está desaparecido. Cualquiera podría decir que algo tiene que ocultar, yo no seré tan valiente. Está claro que hay que depurar responsabilidades y abrir una investigación clara que determine por qué se produjeron los hechos, algo que podremos precisar más con el levantamiento del secreto del sumario de la causa.

Cuestión aparte es Ripoll. Que el proceso de su detención sea turbio no significa que esté libre de toda sospecha y que sea inocente. Nada más lejos. A día de hoy está imputado por varios delitos asociados al ejercicio de la actividad política, si es culpable o no lo decretará un juez, hasta entonces es presuntamente inocente, aunque cuando un juez ordena el registro de su casa y de la sede del Ejecutivo provincial es porque debe haber evidencias e indicios suficientes de que Ripoll ha cometido irregularidades.

De lo que no hay dudas es de que el presidente ha ensuciado el honor y el prestigio de la Diputación de Alicante, con el registro policial que se produjo en su sede. Ahí no hay presunción de inocencia, el único responsable de que la policía entrase es él y, por tanto, debe dimitir inmediatamente. Cada segundo que está al frente de la Diputación es un feroz insulto a los alicantinos.