21 de noviembre de 2010
La trampa del ahorro público
Mario Paz.
Muchas administraciones públicas recurren a la privatización de servicios públicos como medio de reducir el gasto que estos suponen, pero ¿es esto realmente así? Y, ¿qué supone para los beneficiarios?
Vamos por partes, en que consiste un servicio público: una serie de profesionales que atienden a un colectivo de personas con unas necesidades, contando para ello con un presupuesto concreto. Esto nos deja con la primera idea, y es que una empresa privada concesionaria de un servicio, debe prestar éste y además sacar un beneficio de un presupuesto dado por la administración menor que el estaba destinado al servicio cuando era público.
Una vez definido podemos ver los ámbitos de actuación en los que es susceptible el recortar el gasto que es en salarios de trabajadores, en el servicio prestado, limitando la cantidad de personas beneficiadas por este o ahorrando en materiales, equipos, etc. es decir en gasto corriente. Esto es posible debido a la competencia del sector privado, por medio de los concursos públicos se elige a aquella empresa que se ajusta más a los requisitos del servicio.
Hasta aquí está todo correcto según la teoría, que sobretodo se apoya en señalar el despilfarro que se da en las empresas públicas, en la falta de incentivos para sus profesionales y su desgana a la hora de realizar sus actividades por tener su plaza bastante asegurada, así como decir que gastan un dinero que no arriesgan, a diferencia del sector privado.
Pero esto no es así exactamente, la mayoría de los concursos públicos son susceptibles de amaño, muchas de las empresas de la noche a la mañana se presentan a estos sin tener la más mínima experiencia, esperando alcanzar la tan ansiada concesión, para ponerse a trabajar. Los funcionarios que se ocupaban antes del servicio se reducen al mínimo, generalmente a puestos supervisores, y el resto se desvían a otras actividades, reduciendo así mismo el numero de nuevas plazas ofertadas puesto que ya están cubiertas. Los profesionales que contrata la empresa en unas condiciones mucho mas precarias que los funcionarios que antes desempeñaban ese trabajo, y su preparación no tiene por que ser la mas adecuada...
Con todo esto la empresa privada no pretende ahorrar dinero a la administración pretende hacer que el beneficio sea mayor, que es la diferencia entre sus gastos y lo que le conceda la administración. Lo de menos es prestar el servicio, puesto que las personas que lo reciben no tienen la posibilidad de cambiar de proveedor, solo tienen que mantener unos mínimos para evitar que la administración les quite la concesión.
El sector público con esto consigue su objetivo principal que es ahorrar dinero, pero a su vez genera empleo precario y en general hace que se resienta el servicio prestado por lo antes explicado. No se si esto merece o no la pena.
Con esto no quiero decir que todo lo público sea lo mejor, por que es cierto que existen ineficiencias , es decir mal gasto de dinero, pero la solución no es delegar en una empresa privada, que no nos engañemos lo único que quiere es obtener el mayor beneficio posible y bajo estas circunstancias especiales de mercado, prestar un servicio de una calidad lo mas cercana a la mínima requerida, puesto que no tiene incentivos para prestar uno mejor.
Bajo mi punto de vista en la mayoría de ocasiones se trata de repartir dinero público y mercados inaccesibles para la empresa privada, para que los de siempre se repartan cada vez un pastel mas grande y mientras los políticos consigan desviar financiación de unas actividades a otras y vendernos que están ampliando o mejorando los servicios prestados, lo que nos convierte en los únicos perjudicados.
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