Ana María Gragera / Valdelacalzada.

El pasado 4 de noviembre una sentencia del Tribunal de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo dejaba sin aliento a buena parte de la población italiana: “La presencia de crucifijos en las aulas de los colegios italianos constituye una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y una violación de la libertad religiosa de los alumnos".

Este fallo de la Corte ha caído como un jarro de agua fría a una sociedad donde el catolicismo está extremadamente arraigado en una población que se enorgullece de su proximidad al Vaticano y de todo lo que ello implica. Un cordón umbilical muy similar al existente entre España y la Santa Sede. Porque nos guste o no, tal alud de críticas vertidas contra el dictamen procedente de Estrasburgo hubiera caído igual si la sentencia se refiriese a nuestro país.

Una España cuya Constitución evidencia el carácter aconfesional del Estado pero donde aún la toma de posesión de los ministros se ejecuta delante del crucifijo. Un país que pretende impulsar una estampa de modernidad pero que sigue estando apolillado. Y es que mientras sigan existiendo cruces en los colegios o militares y policías que tengan que desfilar en procesiones religiosas, poco habremos avanzado hacia un Estado aconfesional que la Constitución promueve pero que ningún gobierno ejecuta.

Hasta el momento la tradición en España siempre ha sido un lastre para el progreso y el avance hacia una sociedad más igualitaria y libre. Con todo el respeto que me merece cualquier credo, sería conveniente eliminar del escenario público los símbolos religiosos debido a que nos alejan de una realidad social que roza el laicismo.

Además, nos apartan de una población que se plantea, cada vez con mayor frecuencia, si quiere seguir con la tradición católica existente hasta el momento o buscar alternativas que nada tienen que ver con los crucifijos.