José Ramón Martínez / Yecla.
En las últimas semanas se está hablando mucho de Garzón. Y lo que más se escuchan sobre este tema son falsedades e inexactitudes. A Garzón no se le pretende declarar incompetente para juzgar la causa general contra el franquismo, eso ya lo hizo él inhibiéndose del caso en favor de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia, que devolvieron la causa porque tampoco les compete a ellos. Al magistrado de la Audiencia Nacional se le está juzgando por prevaricar, esto es, por incumplir la ley a sabiendas de que la incumplía.
Yo estoy de acuerdo con él en que los delitos del franquismo superan la Ley de Amnistía del 77 y se tratan de delitos contra la humanidad. El problema llega cuando hay que imputar esos delitos a los autores correspondientes. La ley dice que queda extinguida la responsabilidad penal en el momento del fallecimiento. Si tenemos en cuenta que el responsable último de los crímenes fue Franco, y sabemos que este murió (a Dios gracias) y que los responsables materiales o secundarios de estos mismos crímenes también están muertos llegamos a la conclusión de que es imposible enjuiciar a cientos y cientos de personas que ya han fallecido y que, por tanto, se ha extinguido su responsabilidad penal sobre esos macabros crímenes.
Es decir, esos delitos, por desgracia, según la ley no son juzgables, porque no se puede enviar a la cárcel a un ataúd. Garzón sabía que los hechos que estaba investigando no tenían responsables y, por tanto, debía archivar el caso o, al menos, inhibirse y no lo hizo. Siguió investigando hasta que tuvo que inhibirse obligatoriamente.
Yo no sé si ha habido prevaricación o no. Eso lo determinará el Tribunal Supremo, que es el encargado de investigar y procesar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Yo creo que, como todos, Garzón debe rendir cuentas y, en su caso, pagar por las irregularidades que haya podido cometer en este y en otros casos.
Sobre la ley de Amnistía también se están diciendo varias inexactitudes. Su objetivo fundamental fue que no hubiese presos políticos en España, fue una exigencia de los partidos democráticos, especialmente del Partido Comunista y de la izquierda española. Y fue un acierto aprobarla en ese momento aunque no estaría mal derogarla, porque ya no tiene sentido tras la aprobación de la Constitución.
Otro aspecto inaceptable son las críticas a que el denunciante sea la Falange. Como partido político, aunque defienda la dictadura y miles de disparates antidemocráticos, tiene derecho a expresarse libremente –con los límites que marca la constitución- y también tiene todo el derecho a denunciar ante los tribunales aquello que entienda no se ajusta a la legalidad. Privar a los partidos políticos de derechos es propio de regímenes totalitarios, en las democracias se debate, se argumenta y se respeta la opinión del otro, aunque sea inaceptable, salvo excepciones, después las urnas decidirán. Prohibir y deslegitimar no es el camino.
Yo creo que la cuestión franquista ni la puede ni la debe abordar un juzgado, la debe abordar la sociedad, que es la que debe condenar el franquismo y la mejor forma de hacerlo no es con una votación en el Congreso, yo más bien creo que el mejor método de condenar el franquismo es expresando nuestras ideas libremente y respetando las ideas de los demás, no teniendo ni odio ni rencor al que piensa distinto. Es en ese momento donde Franco y el franquismo mueren, eso es lo que es necesario promover.
En las últimas semanas se está hablando mucho de Garzón. Y lo que más se escuchan sobre este tema son falsedades e inexactitudes. A Garzón no se le pretende declarar incompetente para juzgar la causa general contra el franquismo, eso ya lo hizo él inhibiéndose del caso en favor de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia, que devolvieron la causa porque tampoco les compete a ellos. Al magistrado de la Audiencia Nacional se le está juzgando por prevaricar, esto es, por incumplir la ley a sabiendas de que la incumplía.Yo estoy de acuerdo con él en que los delitos del franquismo superan la Ley de Amnistía del 77 y se tratan de delitos contra la humanidad. El problema llega cuando hay que imputar esos delitos a los autores correspondientes. La ley dice que queda extinguida la responsabilidad penal en el momento del fallecimiento. Si tenemos en cuenta que el responsable último de los crímenes fue Franco, y sabemos que este murió (a Dios gracias) y que los responsables materiales o secundarios de estos mismos crímenes también están muertos llegamos a la conclusión de que es imposible enjuiciar a cientos y cientos de personas que ya han fallecido y que, por tanto, se ha extinguido su responsabilidad penal sobre esos macabros crímenes.
Es decir, esos delitos, por desgracia, según la ley no son juzgables, porque no se puede enviar a la cárcel a un ataúd. Garzón sabía que los hechos que estaba investigando no tenían responsables y, por tanto, debía archivar el caso o, al menos, inhibirse y no lo hizo. Siguió investigando hasta que tuvo que inhibirse obligatoriamente.
Yo no sé si ha habido prevaricación o no. Eso lo determinará el Tribunal Supremo, que es el encargado de investigar y procesar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Yo creo que, como todos, Garzón debe rendir cuentas y, en su caso, pagar por las irregularidades que haya podido cometer en este y en otros casos.
Sobre la ley de Amnistía también se están diciendo varias inexactitudes. Su objetivo fundamental fue que no hubiese presos políticos en España, fue una exigencia de los partidos democráticos, especialmente del Partido Comunista y de la izquierda española. Y fue un acierto aprobarla en ese momento aunque no estaría mal derogarla, porque ya no tiene sentido tras la aprobación de la Constitución.Otro aspecto inaceptable son las críticas a que el denunciante sea la Falange. Como partido político, aunque defienda la dictadura y miles de disparates antidemocráticos, tiene derecho a expresarse libremente –con los límites que marca la constitución- y también tiene todo el derecho a denunciar ante los tribunales aquello que entienda no se ajusta a la legalidad. Privar a los partidos políticos de derechos es propio de regímenes totalitarios, en las democracias se debate, se argumenta y se respeta la opinión del otro, aunque sea inaceptable, salvo excepciones, después las urnas decidirán. Prohibir y deslegitimar no es el camino.
Yo creo que la cuestión franquista ni la puede ni la debe abordar un juzgado, la debe abordar la sociedad, que es la que debe condenar el franquismo y la mejor forma de hacerlo no es con una votación en el Congreso, yo más bien creo que el mejor método de condenar el franquismo es expresando nuestras ideas libremente y respetando las ideas de los demás, no teniendo ni odio ni rencor al que piensa distinto. Es en ese momento donde Franco y el franquismo mueren, eso es lo que es necesario promover.
