23 de febrero de 2012
Contratos con el diablo
23 / feb / 2012 - Antonio Soriano (@AsorianoGmez).
“De lo que tenemos que hablar es de cómo se respeta mejor el principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”. Verdad verdadera. Estas son las palabras que emanaron de la boca del ministro Wert durante el pleno del Congreso de control al Gobierno. “...tenemos que hablar...”. Aquí nadie ha hablado de nada y miles de opositores ya están sufriendo la ausencia de propiedad práctica de estas palabras.
Sí, el sistema de oposiciones públicas español necesita un cambio radical. Como la gran mayoría de la Administración Pública. Sí también. Y lo peor de todo es que hemos tenido que llegar a una situación de colapso económico para empezar a replantearse si el modo de acceder a la vida padre del funcionariado es el más correcto, el más justo o el más adecuado. Sin embargo, la carne amansa las fieras.
Hasta hace unos días, con la tasa de desempleo empeñada en batir registros, enfrentarse a unas oposiciones era la solución a todos los males para miles de personas todos los años. Como el bote del euromillón, no es una apuesta segura, pero su recompensa más vale sus intentos. El período de preparación de unas oposiciones es lo más parecido a un contrato con el diablo. Tu estampa, tu firma, vende tu alma, tu vida, durante unos meses, durante un año e incluso durante un lustro. Ser maestro, profesor, celador, administrativo o enterrador, tener trabajo fijo, con un sueldo competente y disfrutar de unas buenas vacaciones, te hace firmar hasta tu sentencia de muerte.
El gabinete educativo del anterior gobierno, con Gabilondo a la cabeza, estaba trabajando en un nuevo proyecto que reformara el actual sistema. No sé si sus planes se precipitaron con el progresivo crecimiento de manadas de gaviotas en la mayor parte de la península, pero el hecho es que a lo único que se llegó es a la elaboración de un nuevo temario, aprobado cinco días antes de las pasadas elecciones generales.
Por desgracia, el sistema educativo español sufre graves problemas que le impiden desarrollar un proceso de crecimiento óptimo. A diferencia que en el fútbol, lo poco desarrollado no llega a ser lo mejor del mundo. Los cambios políticos no lo dejan madurar, nunca sabremos si para bien o para mal. Wert no ha querido ser menos, y derogó esos nuevos temarios, rescatando de la alcoba del desván los pertenecientes a la LOGSE del ’93. Otra vez a empezar, a estudiar, también. Y en medio de tal hastío para los opositores, entra en escena el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y su vendaje, el real decreto ley 20/2011, para dar más sustancia a una trama ya de por sí caldeada.
Medida de austeridad por la que se limitaba la tasa de reposición a una nueva plaza por cada diez jubilaciones. Como toda gran obra, esta ha sido interpretada a gusto del consumidor, cada CCAA lo ha hecho en base a sus intereses, lo que ha hecho que la sombra del Ministerio de Economía y Hacienda sobrevuele sus territorios en vistas a ‘juzgar’ la consecución de las pruebas públicas. Muchas amenazas pero pocos hechos. Dudas. Dudas para posicionarse en el caso andaluz. Dudas sobre si lo harán antes de sus elecciones. Dudas...
Al final son muchas las comunidades que han preferido no convocar plazas y acumularlas para el próximo año, justificándose en muchos casos en el propio perjuicio que ofrecería el ‘efecto llamada’ a sus propios convecinos por la presentación de otros territorios donde no se celebran concursos públicos.
En definitiva, el descontento se ha generado por el recorte de plazas, no por un sistema darwiano de oposiciones públicas que permite que un aspirante con resultados mucho mejores en la fase de oposición no obtenga plaza por falta de méritos en la fase de concurso, y que un aspirante con peores resultados acceda a la plaza por sus méritos. Esa es nuestra esencia vital, pelearnos por sobrevivir, sin mirar si lo hacemos con justicia. Lo dicho, de lumbreras está lleno el mundo, ¿o solo son los funcionarios? ¡Qué me aten de pies y manos!
“De lo que tenemos que hablar es de cómo se respeta mejor el principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”. Verdad verdadera. Estas son las palabras que emanaron de la boca del ministro Wert durante el pleno del Congreso de control al Gobierno. “...tenemos que hablar...”. Aquí nadie ha hablado de nada y miles de opositores ya están sufriendo la ausencia de propiedad práctica de estas palabras.Sí, el sistema de oposiciones públicas español necesita un cambio radical. Como la gran mayoría de la Administración Pública. Sí también. Y lo peor de todo es que hemos tenido que llegar a una situación de colapso económico para empezar a replantearse si el modo de acceder a la vida padre del funcionariado es el más correcto, el más justo o el más adecuado. Sin embargo, la carne amansa las fieras.
Hasta hace unos días, con la tasa de desempleo empeñada en batir registros, enfrentarse a unas oposiciones era la solución a todos los males para miles de personas todos los años. Como el bote del euromillón, no es una apuesta segura, pero su recompensa más vale sus intentos. El período de preparación de unas oposiciones es lo más parecido a un contrato con el diablo. Tu estampa, tu firma, vende tu alma, tu vida, durante unos meses, durante un año e incluso durante un lustro. Ser maestro, profesor, celador, administrativo o enterrador, tener trabajo fijo, con un sueldo competente y disfrutar de unas buenas vacaciones, te hace firmar hasta tu sentencia de muerte.
El gabinete educativo del anterior gobierno, con Gabilondo a la cabeza, estaba trabajando en un nuevo proyecto que reformara el actual sistema. No sé si sus planes se precipitaron con el progresivo crecimiento de manadas de gaviotas en la mayor parte de la península, pero el hecho es que a lo único que se llegó es a la elaboración de un nuevo temario, aprobado cinco días antes de las pasadas elecciones generales.
Por desgracia, el sistema educativo español sufre graves problemas que le impiden desarrollar un proceso de crecimiento óptimo. A diferencia que en el fútbol, lo poco desarrollado no llega a ser lo mejor del mundo. Los cambios políticos no lo dejan madurar, nunca sabremos si para bien o para mal. Wert no ha querido ser menos, y derogó esos nuevos temarios, rescatando de la alcoba del desván los pertenecientes a la LOGSE del ’93. Otra vez a empezar, a estudiar, también. Y en medio de tal hastío para los opositores, entra en escena el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y su vendaje, el real decreto ley 20/2011, para dar más sustancia a una trama ya de por sí caldeada.
Medida de austeridad por la que se limitaba la tasa de reposición a una nueva plaza por cada diez jubilaciones. Como toda gran obra, esta ha sido interpretada a gusto del consumidor, cada CCAA lo ha hecho en base a sus intereses, lo que ha hecho que la sombra del Ministerio de Economía y Hacienda sobrevuele sus territorios en vistas a ‘juzgar’ la consecución de las pruebas públicas. Muchas amenazas pero pocos hechos. Dudas. Dudas para posicionarse en el caso andaluz. Dudas sobre si lo harán antes de sus elecciones. Dudas...
Al final son muchas las comunidades que han preferido no convocar plazas y acumularlas para el próximo año, justificándose en muchos casos en el propio perjuicio que ofrecería el ‘efecto llamada’ a sus propios convecinos por la presentación de otros territorios donde no se celebran concursos públicos.
En definitiva, el descontento se ha generado por el recorte de plazas, no por un sistema darwiano de oposiciones públicas que permite que un aspirante con resultados mucho mejores en la fase de oposición no obtenga plaza por falta de méritos en la fase de concurso, y que un aspirante con peores resultados acceda a la plaza por sus méritos. Esa es nuestra esencia vital, pelearnos por sobrevivir, sin mirar si lo hacemos con justicia. Lo dicho, de lumbreras está lleno el mundo, ¿o solo son los funcionarios? ¡Qué me aten de pies y manos!
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