Rosario García / Praga.

Dos noticias que leía la semana pasada en la prensa española me han hecho reflexionar y pararme a escribir este artículo. La primera, por su novedad y por el impacto que va a tener y la cantidad de debates y críticas que va a generar. La segunda, carente de la fuerza para causar impresión en el lector por su “asiduidad”, se subía al carro por su conexión con la primera.

Como ya he dicho, la semana pasada leía en El País que el parlamento andaluz había apoyado “unanimamente” la Ley de muerte digna. La Ley andaluza de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, es la primera Ley española que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que los atienden. Entre otras cosas, "eleva a la categoría de derecho las sedaciones paliativas, aunque acorten la vida, y obliga a los médicos a retirar o no instaurar medidas de soporte vital que "sólo contribuyan a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría"".

La unanimidad, sin embargo, encubre algún que otro recelo por parte del PP y de IU. Los primeros defienden, entre otras cosas, la posibilidad de los médicos de acogerse a la objección de conciencia ante cualquier tratamiento, la posibilidad de hacer prevalecer sus creencias por encima del interés del paciente. A IU, por el contrario, le hubiera gustado que el texto abordara la eutanasia y el suicidio, aspectos que, según Rosa Ríos, parlamentaria socialista, son competencia estatal.

Y hablando de eutanasia salta a la palestra de mi cabeza y se conecta con esta la siguiente noticia. Una joven sueca de 31 años con parálisis total en su cuerpo ha pedido que la desconecten del respirador que la mantiene viva desde hace 20 años. El médico de la joven, que entiende que está en su derecho, se puso en contacto con el Comité Etico en busca de asesoramiento y recibió una respuesta positiva. Ahora, todo queda en manos de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar, que quizá deba pronunciarse por primera vez sobre un tema así sabiendo que la eutanasia activa en aquel país está prohibida.

Y ahora, yo lanzo el debate. ¿Existe el derecho a la muerte digna? ¿Puede una persona decidir cuando poner fin a su vida? ¿Debe demostrar previamente que está en plena facultades mentales antes de tomar esa decisión? ¿Y una decisión de ese tipo… puede salpicar a otras personas? ¿Hasta qué punto se puede prestar ayuda en un suicidio? ¿Dónde se encuentra el límite?