José Ramón Martínez / Yecla.

Un informe policial de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal ha destapado un caso de financiación ilegal del PP valenciano. Según el informe, Vicente Rambla –Vicepresidente político del Consell- y Ricardo Costa –Secretario General del PPCV-, entre otros, habrían recibido financiación de empresas valencianas en actos del partido organizados por Orange Market. Según parece, la empresa de Alvaro Pérez (el bigotes) emitía dos facturas distintas, una al PP con IVA –que sufragaba el partido- y otra sin IVA que pagaban distinguidos empresarios de la región – entre ellos Enrique Ortiz, del que hablaremos en el siguiente capítulo-.

Es decir, que el PP habría recibido dinero de diversos empresarios, defraudando al fisco. Esto es, que no ha afectado solamente a intereses personales de las personas que forman el partido, sino que también el partido en su integridad podría ser corrupto.

La Fiscalía y la Justicia deben investigar de inmediato que actos fueron financiados ilegalmente, quiénes pagaron, cómo pagaron y sobre todo por qué pagaron, o mejor dicho, a cambio de qué pagaron. Es estrictamente necesario conocer que relación hay entre estas empresas y la Generalitat y el PP, y entre las empresas y Álvaro Pérez y la trama Gurtel.

El pasado 1 de Agosto se demostró que Francisco Camps y Ricardo Costa aceptaron regalos de empresas que, a posteriori, fueron contratadas por el partido y la Generalitat para la realización de eventos. Pese a eso, el Tribunal Superior desestimó la causa al no encontrar relación entre estos regalos y la contratación de los servicios de estas empresas por parte de la Generalitat.

Si lo que dice el informe policial es cierto y se comienza a instruir la causa, Mariano Rajoy debería disolver la Ejecutiva del PPCV y suspender de militancia al presidente de la misma –como responsable de la organización- así como a los miembros del partido que participaron en la financiación ilegal-.

La financiación de los partidos políticos viene por tres tipos de ingresos. La primera y mayoritaria son las subvenciones públicas a grupos parlamentarios y grupos municipales. La segunda es la cuota de los afiliados, que muchos no pagan. Y la tercera son las donaciones privadas, que tienen carácter secreto, procedimiento que sirvió al entonces Presidente de Endesa –Manuel Pizarro- para, en plena OPA a Endesa, financiar al PP. Lo cierto es que el PP mientras en el Congreso de los diputados le pide al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contención en el gasto, sólo hace que despilfarrar el dinero público que recibe en innumerables actos, cenas, dietas, viajes, etc. parece que la crisis no va con ellos.

También resulta indigno ver como Mariano Rajoy y el PP aplauden a personas –Camps o Costa- que se ha demostrado que utilizaron su cargo para recibir regalos de un empresario que a la postre recibiría contratos de la Generalitat. Pero sería impresentable que Mariano Rajoy permitiese que su partido se financie de forma ilegal, y no tomase ninguna decisión al respecto.

Que no se tipifiquen estas acciones como delictivas o sancionables por los tribunales no significa que no sean políticamente denunciables, reprochables, abyectas y viles. Y tampoco significa que no deban tener consecuencias políticas. Lo vergonzoso y cruel es comprobar que no sólo no han asumido su responsabilidad política sino que, además, parecen héroes, cuando en realidad son villanos.