Javier Rosell / Madrid.

No es una nueva versión de la canción de Mecano ‘mujer contra mujer’. El debate nuclear, más allá de su funcionalidad o viabilidad medioambiental, está enfrascado ahora en una lucha de poderes entre ayuntamientos y comunidades.

Por un lado, los ayuntamientos de poblaciones con pocos visos de desarrollo y un futuro incierto ven en el dinero que traería el ATC (Almacén Temporal Centralizado) la única salida a su muerte demográfica y económica. Por otro lado, los presidentes de las comunidades autónomas atisban en el horizonte de 2011 las elecciones autonómicas y piensan: “Ojo, nuclear es igual a menos votos”. Así que la guerra se ha desatado. Ningún partido quiere un cementerio nuclear en su Comunidad pero en los consistorios municipales suman ceros y les hacen los ojos chiribitas.

Partimos de que la energía nuclear está ahí. No vamos a cerrar todas las centrales nucleares instaladas en España. Es barata, segura y limpia, argumentan sus defensores, aunque genera residuos. Hasta ahora los enviábamos a Francia pagando un pastón. A partir de 2011 revisan el contrato y habría que abonar aún más (60.000 euros al día). Por eso ha surgido la idea de un ATC en territorio nacional.

Hagan el ejercicio de ponerse en el papel del alcalde cuyo pueblo ve cómo se muere poco a poco. Los jóvenes huyen a las capitales en busca de trabajo (que ahora no van a encontrar) y las arcas municipales tienen cada vez menos ingresos. La construcción del ATC supondría una inyección en vena de dinero a espuertas. Con él vendrían las familias de los trabajadores, niños, colegios… En definitiva: vida. Otra cosa es que parte del dinero que recoja el ayuntamiento fuera destinado a los pueblos de la comarca, lo que redundaría en el beneficio común. Yo si fuera uno de esos alcaldes también lo haría.