Raúl Masa / Madrid.

La polémica está servida, y es que la semana pasada se conocía el asunto por el cual había llegado hasta las altas instancias judiciales un caso de cambio de sexo.

Todo puede parecer más o menos normal habida cuenta que la operación mediante la cual se puede cambiar de sexo, está total y absolutamente legalizada en España. Pero esta vez todo trae consigo un condicionante que no había pasado hasta hoy, o al menos, no había tenido tanta trascendencia mediática, y es el hecho de que esta operación sea exigida por un menor de edad.

Antes de nada hay que mirar la legislación. Ésta expone que: el Código Penal considera que la "cirugía transexual" aplicada a un menor es un delito de lesiones que se castiga con cárcel, excepto si hay autorización judicial.

Pues bien, en breve tendremos la resolución judicial, y al final sabremos si este menor de edad puede o no cambiar de sexo.

De todas maneras, si este caso tiene una especial relevancia es porque eleva al candelero de la opinión fácil y barata dos asuntos importantes. Uno de ellos pasa por ser una incongruencia legal, mientras, el otro trae la sombra de viejas polémicas que hacen referencia al poder de decisión de los menores.

Vayamos por partes. Sobre esa incongruencia legal, hay que destacar un aspecto fundamental, si esta operación se hace vía “Seguridad Social”, ¿por qué debe ser tratada como algo diferente o especial?, ¿acaso se hace para otras intervenciones?, sino es así, ¿por qué para esta operación? A fin de cuentas, lo importante para la operación son los informes que tramita el médico psiquiatra que atiende al paciente que desea dicha operación de cambio de sexo. Entonces, ¿por qué tiene que intervenir la justicia?

Como se ve, muchas son las interrogantes que se dejan en el aire y que son difíciles de aclarar, pero todavía falta una.

¿Por qué los menores necesitan autorización paterna y resolución judicial para realizarse una operación de cambio de género, pero nada de eso para abortar?, ¿acaso no es también una cuestión “de vida”?

Sin meter el dedo en llaga ajena, y tras llevar muchos meses de polémica, no sería conveniente revisar ciertos fundamentos jurídicos y sociales. Como la política y la justicia tienen tendencia a la lentitud, esperaremos impacientes qué sucede con ambos asuntos.